Los investigados por el caso Los Pistoleros de Casma se jugaron su última carta para intentar dejar la prisión en la que se encuentran desde hace 3 años y poder librarse de otros 12 meses más de carcel que ha dictado el juez John Pillaca Valdez.
Precisamente contra la resolución de dicho magistrado todos los investigados se mostraron disconformes y a través de sus abogados plantearon apelación a la prolongación de la prisión preventiva. El viernes pasado se realizó la audiencia ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones en la que los letrados defensores y el fiscal superior Arturo Mayorga Balcazar sustentaron sus argumentos para que se declare fundada e infundada, respectivamente, el recurso impugnatorio.
Es así que el abogado José Huiza, defensa técnica de Luis Alberto Chiroque Chero, dijo que en la resolución del juez Pillaca Valdez hay afectación al plazo razonable constitucional. Sobre las dificultades en las investigaciones afirmó que en ella no hay responsabilidad de su patrocinado y por el contrario sería del fiscal del caso que postergó diligencias, en ese sentido pidió no valorar la argumentación de dificultad del fiscal provincial.
Sobre la otra dificultad sustentada por el fiscal provincial y expresada en la pandemia sostuvo que ella no se justifica por cuanto la misma fiscalía programó actos de investigación en el mes de septiembre en plena emergencia por la pandemia del Covid19. Igualmente dijo que el representante del Ministerio Público después de 3 años pretende visualizar en la prolongación de prisión preventiva por 12 meses más vídeos incautados en la detención lo que a su criterio colisiona con el acuerdo plenario 1- 2017.
En declaraciones a nuestro medio el abogado José Huiza manifestó que en el caso de su cliente no concurren los presupuestos para seguir en prisión y que no hay peligro de fuga, por cuanto él se entregó a la Fiscalía y eso significaría que tiene intención de no sustraerse de la acción de la justicia.
Por su parte, Víctor Jáuregui Andaviza, abogado de Edson Minaya Córdova, informó a los magistrados superiores que en los tres años de prisión preventiva el fiscal no le ha tomado declaración a su cliente a pesar de ser reo en cárcel, y consideró que es un acto de negligencia que no se puede atribuir al reo sino de entera responsabilidad del fiscal del caso.
La audiencia de apelación se realizó de manera virtual a través de la plataforma Google meet. Al término de la sesión los magistrado de la Segunda Sala Penal de Apelaciones dijeron que notificarán su resolución por despacho.
En tanto, los familiares de los investigados presos esperan con expectativa y nerviosismo la decisión final. "Si han dado libertad a investigados de otras supuestas organizaciones criminales creemos que también debe ser igual en este caso" sentenciaron.