Por considerar necesario que se sancione a los malos funcionarios que cometen actos irregulares, con mayor razón ahora que sus decisiones pueden poner en riesgo la vida de miles de peruanos afectados y vulnerables al impacto de la pandemia covid-19, miembros de la Comisión de Fiscalización y Contraloría expresaron su total respaldo a que se le devuelva la capacidad sancionadora a la Contraloría General de la República.
“Es urgente que este proyecto se convierta en ley porque sino todo el trabajo que ustedes realizan y no hay sanción prácticamente es una burla”, dijo el congresista Marcos Pichilingue Gómez (Fuerza Popular) al titular de esa entidad Nelson Shack Yalta, quien sustentó la iniciativa legislativa sobre la materia en la sesión virtual que realizó la comisión el miércoles 1 y saludar que la misma se haya considerado en la agenda de sesión.
“Esta decisión de priorizar el tema del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) es muy importante porque se va a generar miles de controles específicos y ahí se van a identificar nombre por nombre al funcionario con sus responsabilidades y la ciudadanía va poder apreciar los informes, el problema va ser que esa sanción muchas veces no llega al funcionario que ha cometido la irregularidad incluso sigue trabajando”, dijo Shack.
Peor ahora -agregó el funcionario- porque desde abril del año pasado la Contraloría no sanciona a nadie, osea cuando se identifica comportamiento disfuncional de trasgresión normativa por parte del funcionario generando grandes perjuicios al Estado, esa sanción la tiene que imponer la propia entidad donde muchas veces está trabajando el funcionario y a veces es el funcionario de confianza, entonces es el mismo jefe quien tiene que sancionarlo.
La congresista Rosario Paredes Eyzaguirre (Acción Popular) estuvo de acuerdo con la iniciativa legislativa, sin embargo, consideró importante que esa potestad llegue a sancionar la ausencia de planes y programas y la negligencia que se tiene en la ejecución de acciones. “Hay municipalidades que recibieron 13 mil soles que no les alcanzó para nada. Estos planes están mal hechos. Tenemos un MIDIS que no tiene padrones. ¿Qué hacen los ministerios?, los que preparan estos programas tiene que ser eficientes”, dijo.
Por su parte, la legisladora Carolina Lizárraga (Partido Morado) preguntó al funcionario la razón por la cual en la propuesta legislativa se elimina la suspensión del funcionario como medida sancionatoria. Shack Yalta explicó que el efecto es similar si se aplica la suspensión de hasta 2 años o la inhabilitación de hasta 5 años y subrayó que el retorno del funcionario a su puesto sólo se da si el trabajador es de planta.
Finalmente, el congresista Otto Guibovich Ateaga (Acción Popular) pidió al presidente de la Comisión de Fiscalización que la propuesta sea aprobada lo más pronto posible antes de que concluya la legislatura.
El presidente de la comisión, Edgard Alarcón (UPP) expresó su compromiso de que en la próxima sesión se pondrá a debate y votación el proyecto de ley número 5283/2020-CGR, mediante el cual se propone la “Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el fortalecimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República”.(Noticias Congreso)
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